Breve historia de los montes vecinales. La resistencia del común de los vecinos

Los montes de vecinos de Galicia son fruto de una historia larga y compleja. Turbulenta y conflictiva por un lado, pero por el otro muestran la increíble fortaleza histórica que las comunidades locales tuvieron para definir y manejar su territorio incluso frente a agentes externos con gran capacidad de intervención. La mejor prueba de esa fortaleza está en que hoy en Galicia existen 3000 comunidades de montes y que ocupan cerca de 700.000 hectáreas de superficie del país. Una parte sustancial del territorio ocupado por los montes (más de dos millones de hectáreas en total), mayoritaria de hecho en muchas comarcas de la mitad sur de Galicia, está gestionada por esta figura poco conocida, a pesar de que engloba a medio millón de propietarios en común; una quinta parte de los habitantes de Galicia.

Montes Vecinales en Mano Común en la Península del Barbanza y en Galicia. Porcentaje sobre el total del territorio

La supervivencia de una propiedad colectiva de este calibre es ciertamente excepcional, aunque no única, en una Europa que desde el siglo XIX se esforzó en adoptar un modelo de propiedad bien clarificada, donde el predominio de la propiedad privada individual fue el modelo preferido. Una propiedad colectiva que, además, y a diferencia de la mayoría de Europa, no es pública sino privada. No pertenece la ninguna administración sino al conjunto de los vecinos en tanto que tales, sin distinción de partes ni diferencias económicas. Ahora bien, si tenemos en cuenta que entre el paso del siglo XVIII y XIX la inmensa mayoría de los más de dos millones de hectáreas de monte existentes en Galicia estaban sometidas a alguna de las varias tipologías de propiedad colectiva, de las que la vecinal era a principal, nos podemos hacer una idea de la turbulencia histórica a la que estas superficies fueron sometidas al largo de los dos últimos siglos. Privatización vía desamortización en el siglo XIX, e intervención pública de carácter forestal son, por ese orden, las dos grandes políticas estatales hacia los comunales (aquí y en el resto del Estado). De hecho, desde la primera mitad del siglo XIX, la propiedad vecinal desaparece jurídicamente, siendo estos espacios atribuidos a la propiedad pública de carácter municipal (figura extraña a la organización territorial en aldeas y parroquias mayoritaria en Galicia). Desde aquella revolución liberal hasta las leyes de reconocimiento de la propiedad vecinal (1968, 1980 y 1989) los montes de vecinos no existen para la Ley y el Estado, aunque sí existan para la vida cotidiana de las comunidades locales.

En Galicia, los montes de vecinos engloban a medio millón de propietarios en común; una quinta parte de sus habitantes. Se trata de una propiedad colectiva que, además, y a diferencia de la mayoría de Europa, no es pública sino privada. No pertenece la ninguna administración sino al conjunto de los vecinos en tanto que tales, sin distinción de partes ni diferencias económicas.

La historia jurídica de las comunidades de montes no es lo que más nos interesa en clave ecosocial, pero abre dos preguntas muy relevantes para conocer la relación entre casas, aldeas y organización del territorio; primera: ¿que pasó con las superficies que hoy no son de carácter colectivo?; segunda: ¿qué explica que los montes de vecinos sobrevivieran a más de siglo y medio de inexistencia legal y hoy jueguen un papel territorial central en muchas comarcas? Aunque la pregunta es doble, la respuesta es la misma, la capacidad de resistencia de las comunidades locales y la importancia del papel que los montes jugaban para la reproducción de las casas campesinas. A diferencia de otras partes del Estado y de Europa, la individualización/privatización de los montes de vecinos no se realizó por las desamortizaciones del siglo XIX, sino por individualización campesina, y en un período mucho más largo, que los historiadores de la época moderna rastrean en el siglo XVIII y los contemporaneistas prolongan hasta los años de la dictadura franquista. Fue una individualización propietarizadora y no desposeedora que hay que relacionar con el otro gran proceso de propietarización contemporánea en el mundo rural gallego, la redención foral. Ambos conjuntamente juegan un papel central en la configuración de Galicia como país de labradores. Asimismo, en aquellos lugares donde los montes vecinales pervivieron siguieron siendo, en la práctica, gestionados por los vecinos de los lugares y no por los ayuntamientos por mucho que la Ley les hubiese atribuido la titularidad.

Para entender esta capacidad colectiva para limitar la aplicación de una de las políticas centrales del Estado liberal del siglo XIX debemos saber que estas superficies ni estaban incultas ni eran un mero complemento a las economías familiares. Tenemos que entender el uso que tenían y la función que cumplían. Los montes de vecinos eran desde muy antiguo el sostén que permitía la reproducción de la agricultura familiar, aportando fertilizante, alimento para el ganado, leña y madera y multitud de productos menores. Pero cuando el sistema agrario se revolucione con el maíz, la patata y los prados después de mediados del siglo XVIII será también el monte (también revolucionado en su manejo) el motor de la elevada productividad de la agricultura gallega en un contexto donde no existían insumos de origen industrial. Los montes no eran un complemento del sistema agrario orgánico fundamentado en el manejo de la Naturaleza, eran un elemento esencial del mismo. Y además hay que tener en cuenta que además de mantener al mundo campesino, aquel sistema agrario era a base de la economía de otros sectores sociales, de carácter rentista, los que dominaban el poder político en ayuntamientos y diputaciones en la Galicia decimonónica. Esto también explica que, a diferencia de otros lugares, donde la desamortización es decididamente apoyada por los poder locales, en Galicia hubiese durante todo el siglo XIX un elevado consenso para que los montes permaneciesen en manos campesinas, por vía de reparto entre las casas o manteniendo las aldeas el carácter colectivo de los montes.

Los montes de vecinos eran desde muy antiguo el sostén que permitía la reproducción de la agricultura familiar, aportando fertilizante, alimento para el ganado, leña y madera y multitud de productos menores.

En este breve vídeo José Rodríguez Cao, vecino de Froxán que fue entrevistado en el marco del proyecto nos cuenta los usos del monte previos al franquismo, así como la gestión comunal por parte de los vecinos.

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Hasta 1936 las comunidades locales dirigen la articulación de sus agroecosistemas locales, en una suerte de ordenación del territorio de base endógena, que solo será rota después de la Guerra Civil. El Estado liberal decimonónico no logró alterar los equilibrios de poder pero después del golpe y de la guerra el Estado franquista no solo tendrá el interés de intervenir nos montes del noroeste, sino también la fuerza suficiente para hacerlo. Fue posible por varias razones. Por ejemplo porque la desaparición del rentista con la propietarización campesina en el primer tercio del siglo XX rompe el anterior equilibrio social. Pero sobre todo es el nuevo contexto derivado de la violencia con la que se instaura el nuevo estado totalitario, el cambio en los poderes locales y la destrucción de la sociedad civil libre la que explica que la dictadura consiga por primera vez convertir en efectiva una expropiación que hasta entonces había sido tan solo nominal.

(Subtítulos en español disponibles a través de las opciones de configuración del vídeo)

Son los tiempos de la repoblación y de la Forestal. En los años cuarenta, cincuenta y sesenta la realización de consorcios entre lo nuevo instrumento forestal del franquismo, el Patrimonio Forestal del Estado, y los ayuntamientos no solo impide la gestión por los vecinos, sino que altera sustancialmente los equilibrios de los agroecosistemas, sustituyendo unos manejos multifuncionales por una orientación forestal autárquica, productivista y excluyente de cualquier otro uso. Y aun así, a pesar del contexto de una dictadura que usa los guardias civiles y forestales, las comunidades locales van a responder conflictivamente contra estas políticas, dificultando, o incluso impidiendo una gestión forestal eficaz por el PFE, aunque no pudieron evitar la expropiación.

En los años cuarenta, cincuenta y sesenta la realización de consorcios entre lo nuevo instrumento forestal del franquismo, el Patrimonio Forestal del Estado, y los ayuntamientos no solo impide la gestión por los vecinos, sino que altera sustancialmente los equilibrios de los agroecosistemas, sustituyendo unos manejos multifuncionales por una orientación forestal autárquica, productivista y excluyente de cualquier otro uso. […] Pero en algunos casos las comunidades están sabiendo buscar nuevas formas de reintegrar los montes al territorio, reaprovechando saberes y usos conocidos por las aldeas y reinventando una nueva multifuncionalidad alejada de los monocultivos forestales.

Pero toda esta conflictividad soterrada permite entender las razones de porque fue en la propia dictadura cuando se acepta, con la legislación de 1968, iniciar un camino de vuelta que, ya en democracia, devolverá muchos montes a las comunidades. Fue este intervencionismo forestal, más que la expropiación en sí, la herencia más duradera de la dictadura en la articulación del territorio. Alteró irreversiblemente los equilibrios territoriales, haciendo inviables muchas explotaciones, expulsando a muchos vecinos que necesitaban el monte y jugando un papel central en la adopción del modelo de agricultura industrial en Galicia en las décadas de los sesenta y setenta. De esta manera los montes de vecinos de hoy tienen poco que ver, salvo excepciones, productivamente con los montes vecinales anteriores a 1936. Pero en algunos casos las comunidades están sabiendo buscar nuevas formas de reintegrar los montes al territorio, reaprovechando saberes y usos conocidos por las aldeas y reinventando una nueva multifuncionalidad alejada de los monocultivos forestales.

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